Fondos de minería para Universidades Nacionales

El rechazo ético

En las próximas semanas la Universidad Nacional de La Plata debatirá si recibe o no los fondos provenientes de la minera La Alumbrera, aceptados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y resistidos por varias unidades académicas del país. Alumnos de distintas facultades de la UNLP convocan a jornadas culturales y movilizaciones para que el Consejo Superior se posicione en contra de la aceptación del financiamiento minero. Hasta el momento una universidad y 19 facultades rechazaron los fondos.

por Florencia Yanniello y Daiana Melón

La Universidad Nacional de La Plata debatirá durante las semanas próximas si acepta o no los fondos de la minera La Alumbrera Ltda. El próximo viernes 13 el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo discutirá sobre este tópico y el dictamen a favor o en contra que pueda resultar de este debate será de gran influencia para el Honorable Consejo Superior de la UNLP,  ya que en esa unidad académica se dictan las carreras vinculadas a las ciencias de la tierra y se considera importante su posicionamiento frente a la temática.

En este marco se creó una comisión “por el no a los fondos de la Alumbrera” integrada por alumnos de distintas facultades. Prevén para este miércoles 11 organizar una jornada cultural en la Facultad de Ciencias Naturales que incluirá proyección de videos sobre minería a cielo abierto, talleres de cerámica y actividades musicales en repudio a la aceptación de los fondos.

Además la comisión convoca para el viernes 13 a una concentración en la Facultad de Ciencias Naturales, día en que el Consejo Académico  debatirá sobre la aceptación o no del financiamiento. Los estudiantes consideran que el Consejo debe pronunciarse en contra de esta medida que “atenta contra la soberanía de las universidades públicas”.

La polémica por el rechazo o aceptación de los fondos mineros destinados a las universidades públicas comenzó en mayo del 2008, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por rectores y rectoras de las universidades estatales, implementó la distribución de 50 millones de pesos recibidos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre las universidades nacionales. Los fondos provienen de la explotación de la Mina Bajo la Alumbrera por parte de YMAD, entidad que detenta el derecho de explotación del yacimiento y que está ligada por una Unidad Transitoria a  tres empresas de origen suizo y canadiense  para su ejecución.

YMAD está integrado por el gobierno de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el Estado Nacional.  En la sociedad conformada, las tres mineras extranjeras perciben el 80 por ciento de las utilidades, y el YMAD el 20 por ciento restante. De ese 20 por ciento, el 60 por ciento se destina a la provincia de Catamarca, un 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y otro 20 por ciento se distribuye entre las universidades nacionales, según la ley nacional 14.771. Es decir, un 0,04 por ciento de las ganancias de La Alumbrera se reparte entre todas las universidades argentinas.

En el año 2009, el Consejo Interuniversitario Nacional acordó nuevamente la distribución de fondos procedentes de las utilidades de YMAD. Se propuso aplicar criterios similares a los de la distribución del 2008 y “sugerir a las instituciones universitarias favorecidas que asignen estos fondos a proyectos institucionales”.

En las distintas universidades del país docentes, directivos y alumnos discutieron sobre las consecuencias de aceptar fondos provenientes de instituciones que pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas.  El debate gira en torno a si es éticamente correcto recibir financiamiento de una empresa que dañó el ambiente y amenazó la salud de personas en tres provincias de Argentina, que violó la normativa vigente y cuya administración está en manos de tres corporaciones internacionales.

En un documento elevado al Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, alumnos de la UNLP advierten acerca del peligro que significa “introducir en los mecanismos de financiamiento de las universidades públicas, fondos de origen ajenos a la pertenencia de las mismas, que afectan a no sólo a su autonomía sino a su integralidad, en tanto lesionan la libertad decisión, planeamiento y proyección”

Asimismo, el titular del SERPAJ y Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, en su carta dirigida al señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional presentada en junio de este año, manifestó que “Las universidades públicas tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.”.

Hasta el momento, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) de la provincia de  Córdoba es la única que rechazó los fondos. Sin embargo, 19 unidades académicas de otras universidades se resistieron a aceptar el financiamiento. El viernes 6 se realizó en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luís una asamblea que nucleó a distintos sectores universitarios y a ambientalistas preocupados por la determinación que tomo el Consejo Superior de aceptar los fondos provenientes de La Alumbrera, porque consideran que ese es “dinero manchado con sangre”, debido al deterioro que produce en el medioambiente y los daños que trae a la salud humana. Además, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, las de Psicología, Ciencias Exactas e Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, las de Psicología, Matemática, Astronomía y Física, Filosofía y Humanidades y Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba rechazaron los fondos.

En La Plata, las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Bellas Artes y Ciencias Exactas de la UNLP se sumaron a la lista. También se resistieron a aceptar el financiamiento de La Alumbrera las Facultades de Bromatología, Ingeniería, Trabajo Social y Ciencias de la Educación UNER, las de Humanidades UNAS y de la UNCOMA, la de Ciencias Humanas de la UNRC, la de Educación de la UNLu y la de Arte de la UNICEN.

Destruyendo el ambiente a cielo abierto

El yacimiento metalífero La Alumbrera, ubicado en el Distrito Amanao del Departamento Andalgalá en la Provincia de Catamarca, es una de las principales explotaciones mineras a cielo abierto del mundo. Su producción anual asciende a 120 millones de toneladas métricas de oro y de cobre.

La Alumbrera funciona desde el año 1997 y abarca unas 600 hectáreas de superficie en las que se encuentran instaladas una mina a cielo abierto de gran tamaño, una planta de procesamiento de minerales, un área para manejo de estériles y un área de manejo de colas. Hoy en día, produce anualmente alrededor de 180 mil toneladas de cobre metálico y 600 mil onzas troy de oro. Además, consume alrededor de 95 millones de litros de agua por día.

Los derechos de explotación sobre la zona pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. El YMAD realizó acuerdos transitorios con la Minera Alumbrera Limited (MAA) para llevar adelante la explotación de la mina. Esta empresa es gerenciada por Xstrata Plc, Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc.

Vecinos de la zona denuncian desde el año 2004 la contaminación que produce la minera. Tal es así, que dos familias lindantes debieron abandonar sus propiedades ubicadas a orillas del Río Vis Vis, donde se ubica la laguna de colas de la empresa, cuya actividad produce derrames de ácidos y el movimiento de sustancias tóxicas bajo la mina.

Frente a los reclamos de estos vecinos, el Juzgado Federal de Catamarca le ordenó al Servicio Geológico Minero Nacional (SEGEMAR) –brazo técnico del Secretario de Minería de la provincia, Jorge Mayoral- realizar un estudio acerca del estado del ecosistema en el Río Vis Vis, Complejo Bajo La Alumbrera, y las localidades de Vis Vis, Amanao y Andalgalá.

En el Informe Técnico Pericial, el SEGMAR reconoció la existencia de uranio diseminado por causa de las explosiones de la mina, que cubren los valles cercanos, Andalgalá y Belén, entre otros pueblos. La contaminación radiactiva provocada por este metal se agrava con el proceso de acumulación y sus partículas están dispersas en el aire y en las aguas superficiales y subterráneas, provocando numerosos casos de cáncer.

Además, el estudio determinó la presencia  de torio, cesio, estroncio, plomo, arsénico, en alto grado, minerales que transporta el mineraloducto de la empresa. La contaminación provocada por estos componentes, continuará profundizándose a lo largo de los años por causa del proceso de acumulación.

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